Hace ya un mes que desde la Asociación Agua de Mayo hemos ofrecido a nuestras vecinas y vecinos un servicio de acompañamiento para realizar los trámites necesarios para solicitar el IMV. En este periodo hemos atendido a 29 personas con su tramitación en diferentes fases de progreso. No son pocas, considerando nuestro pequeño tamaño.
Nos propusimos realizar esta labor como una medida de urgencia ante las consecuencias de la crisis del COVID, a sabiendas de que las instituciones se encontraban sobrepasadas por la situación y tardarían en reaccionar, mientras las consecuencias sociales ya eran palpables a nuestro alrededor. No pretendíamos, en ningún caso, sustituir permanentemente el trabajo de profesionales. Sabemos y denunciamos que la precariedad laboral y el desempleo son la norma en el sector de la acción social. Profesionales que, con los medios y recursos apropiados, tienen mucha más capacidad para ayudar a las personas que vienen a nosotras. Sin embargo, pasado este tiempo, esa reacción no parece materializarse por parte de las instituciones.
Muchas de las personas que han hecho uso de nuestro acompañamiento se enfrentan a desesperantes laberintos burocráticos. Reunir la documentación necesaria, el primer paso previo a solicitar una ayuda que les resulta urgente, se convierte en una verdadera carrera de obstáculos. En especial para aquellas personas que, por diversos motivos, tienen limitado su acceso a internet y a los servicios telemáticos de la Administración. Con las actuales circunstancias, la atención presencial telefónica parece colapsada. Así, acceder a un volante de empadronamiento, un certificado del SEPE o un documento de la Seguridad Social se convierte en virtualmente imposible para muchas de estas personas. Estas situaciones ahogan antes de nacer el objetivo expreso del Real Decreto que establece el IMV, que es “garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica”.
Consideramos que es responsabilidad de las Administraciones, a todos los niveles,cooperar para dar respuesta a esta situación, tal y como establece la mencionada ley, que además habilita a las entidades locales y autonómicas para acordar convenios con la Seguridad Social para este fin. Las redes de solidaridad y de apoyo vecinal han sido capaces de reaccionar rápidamente, frecuentemente con pocos recursos, para intentar hacer menos duro el primer golpe de esta crisis. Las administraciones deben estar a la altura y hacer real lo dispuesto por los textos legales, garantizando la equidad. Es en las grandes crisis donde las instituciones ganan o dilapidan su legitimidad.
Miramos con preocupación al otoño, conteniendo el aliento, como toda nuestra sociedad, para que no se hagan realidad entonces los peores escenarios sanitarios y económicos. Por eso también urge que el escudo social sea cuanto antes igualmente accesible para todas aquellas personas que requieran de su protección, cualesquiera que sean sus circunstancias y competencias. Son precisamente los grupos más vulnerables quienes más sufren las limitaciones para acceder a la Administración y las dificultades que esto genera. Por eso instamos al Ayuntamiento de Alcalá en lo que respecta a nuestra ciudad, a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central a que activen los mecanismos de financiación y cooperación previstos por la ley, con el fin de valorar la verdadera dimensión de esta situación y proveer del personal y los medios necesarios para subsanarla.
Alcalá de Henares, a 23/07/2020
Recordamos que desde Agua de Mayo seguimos prestando un servicio de acompañamiento para la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, para ayudar desde nuestra capacidad a las personas que tengan dificultades con la burocracia.
